Así se vislumbra después de darse el fallo en favor de los ex trabajadores del periódico La Opinión y en contra de la persona moral denominada “Editorial Gibb S.A. de C.V.”
Dicha demanda, con expediente laboral 073/III/2016, se encuentra a pocas horas de agotar el plazo establecido por ley. Tal situación mantiene un ambiente tenso en las oficinas de la editorial pues se habla de fuertes cantidades a liquidar, al tratarse de al menos media docena de trabajadores afectados desde hace 8 años.
Fue en el año del 2016 cuando el entonces director general del autodenominado “El mejor diario de la zona norte de Veracruz”, Gonzalo Hernández Gibb, fue cesado de su cargo de La Opinión, designándose en su lugar a José Nicolás Reyes Hernández.
La decisión fue tomada por parte del consejo administrativo de la empresa, lo que derivó en un efecto “dominó” al ser afectados varios trabajadores involucrados, quienes demostraron plena e incondicional lealtad a su entonces director Gonzalo Hernández.
Cabe mencionar que en enero del 2016, elementos policiacos y peritos de la Procuraduría General de Justicia arribaron al edificio editorial ubicado en la colonia Tajín de Poza Rica, para realizar una inspección, llegando minutos después Gonzalo Hernández Gibb, a quien se le impidió la entrada al estacionamiento por medio de la violencia de quienes ya resguardaban las oficinas.
Desde entonces, Gonzalo Hernández y demás trabajadores despojados de sus derechos laborales, recurrieron a las instancias legales a través de la Junta de Conciliación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, dando inicio a un largo proceso judicial que, después de casi una década, ha resultado desgastante económica y anímicamente para los afectados.
Las demandas que más interponen los trabajadores ante la Secretaría del Trabajo son por despido injustificado ya que consideran que se han vulnerado sus derechos en la empresa en que laboraron. En el caso particular del periódico La Opinión de Poza Rica, estas acciones derivaron en un declive en la calidad del mismo medio, al punto en que hoy en día, la influencia en su cobertura mediática se encuentra por los suelos, con una baja calidad en sus contenidos que antes lograban reconocimientos y menciones por parte de los pozarricenses.
La fracción XXII del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que, en caso de despido injustificado, el trabajador tiene derecho, a su elección, a la reinstalación en su puesto de trabajo o a una indemnización equivalente a tres meses de salario. Sin embargo, los directivos de la Editorial Gibb S.A. de C.V., hicieron gala de su ignorancia respecto a las leyes que amparan a los trabajadores, mostrándose déspotas ante cualquier intento de mediar con los afectados.
Tan es así que los trabajadores despedidos promovieron tres juicios de amparo, con el patrocinio del despacho de abogados «García Urbina», quienes se han encargado de obtener todos los triunfos legales, con el fin de impedir sendos juicios de embargo a los bienes de Editorial Gibb, los cuales tenían el objetivo de evitar el pago de laudos a dichos trabajadores.
Hoy, esas acciones tienen a la otrora gloriosa editorial con un pie en el cuello, poniendo en riesgo un legado periodístico que va de la mano casi a la par con la historia de Poza Rica.
La era de Raúl Gibb Guerrero.
La Opinión fue durante muchos años líder indiscutible en medios de comunicación de la zona norte del estado. Pero desde el infame asesinato de su director, el Sr. Raúl Gibb Guerrero, el 8 de abril del 2005, ha venido manejando sus relaciones públicas y financieras de manera decadente, llegando hoy en día a estar al borde de la quiebra.
Dicho diario, en los tiempos en que el señor Raúl Gibb era el jefe editor, logró acumular premios nacionales e internacionales de periodismo, como el galardón otorgado por WorldPress.org en el rubro de “Editores Internacionales del Año 2005-2006” por su cobertura e investigaciones de la corrupción.
Koïchiro Matsuura, director general de la UNESCO en 2005, dijo: «Condeno el asesinato de Raúl Gibb Guerrero… Confío en que las autoridades harán todo lo que esté a su alcance para encontrar y enjuiciar a los autores de este crimen, que es un grave atentado contra la libertad de prensa y la libertad de expresión, que son esenciales para la democracia y el estado de derecho”. 17 años después, el crimen sigue impune.
2005 fue un antes y un después para el periodismo en Poza Rica. La ciudadanía no daba crédito a lo sucedido y comenzaba una época de enclaustramiento involuntario para los periodistas. El estado nunca había garantizado la seguridad de los comunicadores ( y continúa sin hacerlo ), ni en el ámbito laboral, menos en sus garantías de derechos universales.
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referencias: https://www.worldpress.org/award.cfm