Por Herenio Modestino
La familia real del Reino Unido goza de un financiamiento público que le permite evitar en gran medida la tentación de hacer negocios públicos que los pondrían en la incómoda situación de un conflicto de interés y de la realización de delitos.
Para evitar eso, reciben los hijos de la reina, sus nueras, yernos, nietos, primos y otros familiares una asignación monetaria, bienes inmuebles en donde vivir, escoltas y demás beneficios de los que podrían gozar miembros activos de primer nivel del gobierno, y todo ello sin la necesidad de trabajar como cualquier otro funcionario, pero eso si, con las limitaciones para participar en la iniciativa privada realizando jugosos negocios gubernamentales, lo que sin duda funciona para evitar problemas, aunque en la realidad hay algunos parientes incómodos que no se conforman y buscan evadir las limitaciones.
Eso funciona en las monarquías y el mismo principio también funciona para la familia del rey en España y otros países europeos, que es el continente que las aglutina históricamente.
En las democracias esto no funciona así, la familia extendida del presidente no goza de los privilegios del patriarca y así, hermanos, tíos, padres, primos, sobrinos y demás miembros de la familia se encuentran excluidos de, por ejemplo, vivir en la residencia oficial, de usar los autos e inmuebles gubernamentales y por supuesto, de recibir ingresos o salarios por el solo hecho de ser miembros de la familia del presidente, aunque eso si, con la libertad de poder realizar negocios con el gobierno cuando estos lo hagan en condiciones de igualdad con sus competidores, pues el no hacerlo así le significa al ejecutivo una responsabilidad que pudiera en cierta medida costarle el puesto como mandatario de la nación y hasta prisión.
En democracias como la de los Estados Unidos, los parientes cercanos al presidente también pueden desempeñar cargos públicos, en el pasado el presidente John F. Kennedy tuvo a su hermano Robert como fiscal general de los Estados Unidos, y en el pasado cercano, el presidente Donald Trump mantuvo a su yerno como empleado siendo su asesor principal dentro de la misma Casa Blanca.
En nuestro país, la legislación actualmente prevé que, el presidente de la república y funcionarios públicos, no podrán contratar a familiares como empleados y también regulan los conflictos de interés, aunque también respetando por ejemplo el constitucional derecho al trabajo cuando éste es licito y cumple con todos los requisitos de la ley, como por ejemplo lo hace el hijo de Manuel Barlett al tener su propia empresa y venderle al gobierno de México y gobiernos de los estados de la república.
Sin embargo, el actual presidente de la república, Manuel López Obrador emitió un memorándum dirigido a todos los secretarios de estado, así como las empresas paraestatales que en su parte medular establece la prohibición de que se realicen negocios de miembros de su familia con el gobierno, medida que en el apartado de las garantías establecidas en la Constitución de la República implica una violación a los derechos de estos, pues al hacerlo así, los priva del derecho a obtener un ingreso licito al menos producto de actividades comerciales.
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De vivir en una monarquía, el presidente Andrés Manuel López Obrador estaría obligado (y con el derecho) a tener a sus dependientes económicos y hasta su familia extendida con los beneficios que les permitirían tener ingresos públicos hasta sin trabajar, salvo que ellos mismos renunciaran a ellos, como el hijo de la princesa Diana que renunció al cargo, pero dado que esta facultad no existe dentro de una democracia como la de México, entonces la pregunta en cuestión que nos hacemos todos los mexicanos es ¿de que van a vivir Felipa Obrador, prima del presidente y accionista principal de Litoral Laboratorios, o bien, de su nuera Carolyn Adams, quien es cabildera para Cava Energy, una empresa que es parte de un fondo financiero especializado en construcción de gasoductos que es proveedora de Petróleos Mexicanos, sin contar con otros parientes, tales como Pio López Obrador.
Si el presidente López Obrador les prohíbe, como el mismo lo dijo, a todos sus familiares cercanos o no, celebrar negocios con entidades gubernamentales mientras estos sean lícitos, es porque seguramente existe una partida secreta que el presidente de México destina a su propia familia y que de esa forma compensa y evita la tentación de desobedecerlo.
La pregunta aquí es, ¿Quién le autorizó a López Obrador a pagarle a su familia del dinero de todos los mexicanos cuando no existe ninguna ley que así lo autorice? la pregunta está en el aire.
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