Demandarían a Gobierno Federal por cancelación de terminal en Tuxpan

Xalapa, Ver.- De acuerdo con medios internacionales, Monterra Energy, propiedad de la firma estadounidense de fondos de inversión y capital de riesgo KKR y socia de la empresa norteamericana SSA Marine, decidió demandaría al Estado mexicano para recuperar el valor de su terminal de almacenamiento de combustibles en Tuxpan, al norte de Veracruz, cuyas instalaciones fueron cerradas por el Gobierno mexicano desde septiembre.

The Wall Street Journal (WSJ), explica que los inversionistas de Monterra buscan 667 millones de dólares en compensación, más intereses y costos legales, de acuerdo con una notificación enviada por la empresa a la Secretaría de Economía (SE).

El WSJ indicó que los inversionistas de Monterra aún no están en los tribunales. Sólo han notificado a México su «intención de someter reclamaciones a arbitraje» en virtud del Tratado entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC), que establece que, hasta julio de 2023, las empresas que realizaron inversiones durante la vigencia del anterior Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) tiene derechos heredados de protección de inversiones.

El Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador podría responder a la notificación restaurando los derechos de Monterra para operar sus instalaciones. Pero si la empresa lo decide puede acudir a un arbitraje ante un tribunal internacional.

La notificación expone que México expropió la propiedad en violación de los compromisos del País en el marco del TLCAN.

Los inversionistas denuncian que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) «hostigó» a la empresa local con solicitudes duplicadas y pretextuales de información y documentos que ya tenía.
La compañía obedeció las órdenes redundantes, mientras continuó la construcción de la terminal de almacenamiento, una empresa masiva de varias fases que llevó a cabo inversiones sustanciales y mantuvo informada a la CRE.

La notificación dice que México acusó que la empresa no demostró que tenía los permisos y alega que «su único objetivo era cerrarla para promover las políticas proteccionistas». La terminal fue cerrada por personal de la CRE y la Guardia Nacional en la madrugada del 13 al 14 de septiembre de 2021.

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