Noticias

La Cuarta Transformación, el populismo penal y el riesgo de autoritarismo

Rogelio Muñiz Toledo

“Los derechos humanos que hoy disfrutamos no son eternos, conquistados de una vez y para siempre, sino derechos frágiles que es necesario defender día con día”: Luis de la Barreda Solórzano *

A principios de enero el diputado Porfirio Muñoz Ledo compartió en Twitter una definición de la Cuarta Transformación, que le pareció “básicamente acertada”: “La 4T es el rescate de las prácticas y valores republicanos, mediante la primacía de la justicia, la revolución de las conciencias y la transformación de las instituciones”. Si la 4T pretende ser algo parecido a esto, es evidente que la reformas constitucionales y legales en materia penal, impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador -o por el sector más conservador y autoritario de Morena y de la 4T y avaladas por él- en 2019, y las que se le atribuyeron a su gobierno y a la Fiscalía General de la República hace diez días, no solo no coinciden con los objetivos de la pretendida transformación sino que van en sentido contrario a ella.

Nada más alejado de las prácticas y los valores republicanos y de la justicia que los modelos autoritarios de derecho penal y del proceso penal que, como señala Luigi Ferrajoli, se caracterizan por sustraer del sistema penal los principios de necesidad (nulla lex (poenalis) sine necessitate), de la carga de la prueba (nulla accusatio sine probatione) y del derecho a la defensa (nulla probatio sine defensione).

Los proyectos de reformas constitucional y legales en materia de justicia atribuidos al gobierno y a la Fiscalía General de la República -de los que solo esta se ha deslindado claramente- contiene una propuesta de contrarreforma penal regresiva y violatoria de derechos humanos; se trata de cambios que darían marcha atrás en el sistema penal acusatorio al sustraerle principios fundamentales del garantismo penal como el debido proceso, el principio de legalidad en materia penal, el principio acusatorio, el derecho a la defensa y la presunción de inocencia.

De confirmarse que este es el sentido de la propuesta de reforma en materia de justicia del gobierno federal, estaríamos ante el intento más acabado de los sectores más retrógrados de Morena y de la 4T, por construir un régimen autoritario. Digo que se trataría del intento más acabado, porque no debemos olvidar que durante el primer año de gobierno del presidente López Obrador, su gobierno y Morena impulsaron y lograron la aprobación de tres reformas constitucionales y dos legales, que van en el mismo sentido del proyecto de reforma de justicia presuntamente elaborado por el gobierno.

Las tres primeras reformas constitucionales del gobierno de Andrés Manuel López Obrador consistieron en cambios en materia de seguridad y justicia penal -no en materia de justicia social, ampliación de derechos o creación de un Estado de bienestar, como cabría suponer- y se caracterizaron por ser regresivas en materia de derechos humanos.

Los cambios a la Constitución Federal en materia de extinción de dominio, Guardia Nacional y prisión preventiva oficiosa significaron retrocesos en los niveles de protección de derechos humanos o graves riesgos para sus garantías -por no hablar de la inconstitucional e inconvencional política migratoria del gobierno de la 4T-, como en su momento lo han denunciado legisladores, organizaciones de la sociedad civil y organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.

En cambio, de última hora, en octubre de 2019 se frenó en el Senado la aprobación de la reforma constitucional que eliminaba el arraigo de la Constitución Federal y que había sido aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados y en comisiones en la de Senadores.

Constitucionalizar la militarización de la seguridad pública; ampliar el catálogo constitucional de los delitos que merecen prisión preventiva oficiosa, sin atender al principio de necesidad y solo bajo la lógica del populismo punitivo, y recurrir a un muy cuestionable -y tal vez inconstitucional- ardid para incluir dentro de las conductas reguladas por la ley contra la delincuencia organizada actos u omisiones de naturaleza fiscal para incorporarlas a dicho catálogo sin modificar la Constitución, con la pretensión de que esto sea un primer ejercicio que pueda ser replicado con otros delitos también ajenos a la materia; y establecer un procedimiento de extinción de dominio que vulnera el derecho a la propiedad y viola la presunción de inocencia y el debido proceso, fueron los prolegómenos de la pretensión de transitar hacia un sistema penal contrario a la presunción de inocencia y ajeno al sistema acusatorio, que pudiera dar paso a un régimen autoritario.

A juzgar por el contenido de los proyectos de reformas filtrados la semana pasada, y que presuntamente contendrían las propuestas del gobierno para la reforma judicial que se presentará al Congreso de la Unión en febrero, las críticas al carácter regresivo en materia de derechos humanos de las reformas aprobadas en 2019 no lograron que los sectores más autoritarios de Morena y la 4T reconsideraran su posición.

Ante la grave situación de inseguridad e impunidad, los sectores más autoritarios de Morena y de la 4T impulsan el establecimiento de un estado de excepción permanente, con una insostenible justificación política sustentada en el legítimo reclamo de seguridad y justicia de la población pero bajo una falaz y autoritaria política punitiva populista y autoritaria, como respuesta ante la emergencia. Se trata del tipo de políticas que, a decir de Luigi Ferrajoli, no son otra cosa que “la idea de la primacía de la razón de estado sobre la razón jurídica como criterio informador del derecho y del proceso penal”.

De imponerse las corrientes que sostienen esta orientación política en el gobierno del presidente López Obrador, nos encontraríamos ante un grave riesgo de regresión autoritaria. Por eso creo que resulta oportuno reiterar, como lo que escribí en este espacio en abril de 2019, que para que el proceso de cambio político permita consolidar la democracia y para evitar el riesgo de que el cambio de régimen suponga un retroceso en materia de derechos, conviene tener presentes las palabras del expresidente español Felipe González: “… en las democracias pluralistas, cuando las instituciones son frágiles y no sirven para compensar el poder del liderazgo, la tendencia al autoritarismo y la arbitrariedad se desarrollan con facilidad”.

 

* Fue presidente fundador de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal

Rogelio Muñiz Toledo

Licenciado en derecho por la UNAM, donde recibió la Medalla Gabino Barreda al mérito universitario. Abogado y consultor en derecho constitucional y electoral. Socio de la empresa de consultoría Consultores en Gobierno y Asuntos Públicos, S.C. Ha sido asesor en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México; integrante de la comisión ejecutiva y secretario ejecutivo del Grupo redactor del proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México; asesor externo ad honorem del Jefe de Gobierno del Distrito Federal en materia de Reforma Política de la Ciudad de México; asesor en el Senado de la República, asesor del presidente de la Comisión de Fiscalización del IEDF e integrante del Servicio Profesional Electoral en el IFE.

*La opinión aquí vertida es responsabilidad de quien firma y no necesariamente representa la postura editorial de Aristegui Noticias.


Fuente: