Juan Javier Gómez Cazarín, líder legislativo en Veracruz, señalado por operar despachos contables ‘fantasmas’ para presionar a municipios y al Poder Judicial en cuestionables auditorías.
Xalapa, Veracruz – El diputado Juan Javier Gómez Cazarín, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso veracruzano (JUCOPO), ha sido señalado por su presunta participación en una red de sociedades y despachos contables de dudosa existencia utilizados para presionar a ayuntamientos y al Poder Judicial de Veracruz.
El objetivo de estas maniobras es influenciar en la revisión de sus presupuestos y aparentemente “sanear” sus finanzas públicas.
Estas controvertidas acciones han sido puestas en marcha mediante el aprovechamiento de conexiones personales, incluyendo vínculos con la diputada Nora Jessica Lagunes Jáuregui, quien forma parte de las comisiones de Vigilancia y Hacienda Municipal. Bajo su recomendación, despachos auditores operados por los propios “asistentes legislativos” de Gómez Cazarín han sido promovidos en los ayuntamientos.
La situación se torna aún más alarmante al conocerse que en el Poder Judicial de Veracruz se ha ordenado una auditoría extraordinaria a los órganos fiscalizables.
La ejecución de esta auditoría se ha confiado a RESO Sistemas Integrales, una sociedad de reciente registro ante el Registro Público del Comercio. Sorprendentemente, esta entidad está siendo administrada por Víctor Manuel Salazar Colorado, quien también se desempeña como “asistente legislativo” en el Congreso veracruzano y está adscrito a la oficina de la diputada Nora Jessica Lagunes.
El presunto despacho contable de RESO Sistemas Integrales, ubicado en una casa habitación en Xalapa, ha resultado ser una entidad de “papel” vinculada a supuestas prácticas corruptas originadas en la Junta de Coordinación Política del Congreso local.
Además, en medio de estas controversias, se ha alertado sobre la presencia de estafadores que operan en los ayuntamientos ofreciendo “soluciones fáciles” para limpiar observaciones de daño patrimonial, lo que ha llevado a la auditora general del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), Delia González Cobos, a tomar medidas.
Entre los despachos auditores recomendados por el Congreso local que se encuentran bajo investigación figuran Consultoría, Auditoría y Proyectos Integrales SC, así como CEFAG SC, sociedades que han sido supuestamente beneficiadas por conexiones políticas para llevar a cabo auditorías especiales de revisión financiera y técnica de la obra pública del ejercicio fiscal de 2022.