Viajes a París, Dubái y autos de lujo: desmantelan red de plazas fantasma para maestros en el Estado de México
Estado de México.- Una presunta red de corrupción integrada por exfuncionarios, servidores públicos y particulares habría desviado al menos 96 millones de pesos mediante la creación de 459 plazas irregulares para docentes, recursos que, según las investigaciones, fueron utilizados para financiar viajes internacionales, adquirir vehículos de lujo y mantener un elevado nivel de vida.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que ejerció acción penal contra 33 personas, de las cuales 26 ya fueron vinculadas a proceso, por su presunta participación en un esquema de fraude y abuso de autoridad que operó entre 2021 y principios de 2026.
De acuerdo con las investigaciones, la organización habría realizado 459 movimientos irregulares de alta de plazas docentes en al menos 12 municipios mexiquenses, asignando a los supuestos maestros a planteles con claves de centros de trabajo inactivos o inexistentes. Los recursos públicos terminaban en cuentas bancarias controladas por la red, mientras que las personas registradas como docentes recibían únicamente una pequeña parte del dinero.
La Fiscalía sostiene que los principales operadores del esquema ocupaban cargos estratégicos dentro de diversas dependencias estatales y que algunos de ellos incluso se asignaban plazas para cobrar salarios superiores a los 50 mil pesos mensuales, además de otras prestaciones.
Las indagatorias también revelan que el dinero presuntamente desviado fue destinado a viajes a París, Dubái, Las Vegas, China, Egipto e Islas del Caribe, así como a la compra de automóviles de alta gama, accesorios de lujo y propiedades ubicadas en zonas de alta plusvalía.
Entre los implicados figuran exsubsecretarios, exdirectores generales, delegados administrativos, directores de área y subdirectores que laboraron en distintas dependencias del Gobierno del Estado de México. La investigación señala que la estructura comenzó a operar durante la administración estatal encabezada por Alfredo del Mazo Maza y continuó hasta que fue detectada por las autoridades.
De acreditarse su responsabilidad, los involucrados podrían enfrentar penas de entre 10 y 26 años de prisión, además de sanciones adicionales por cada una de las altas irregulares realizadas, informó la Fiscalía mexiquense.
