ASF denuncia a Nuevo León por presunta triangulación de 7 mil 200 mdp

Informe de la Cuenta Pública 2025 también incluye un caso en Sinaloa

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el gobierno de Nuevo León, por la presunta triangulación de más de 7 mil 200 millones de pesos de recursos públicos.

De acuerdo con el informe de la Cuenta Pública 2025, el dinero habría pasado de la administración estatal a empresas, a un despacho jurídico y a una firma vinculada con el gobernador Samuel García y su padre. Según el listado de la propia ASF, la denuncia se interpuso el 16 de octubre.

El documento entregado a la Cámara de Diputados incluye un diagrama con la ruta de los fondos. De los más de 7 mil 200 millones, 5 mil 851 millones se transfirieron a una constructora. Esta habría enviado 5 mil 154.6 millones a otra empresa, que a su vez habría entregado 385.3 millones al despacho jurídico señalado.

En total, la ASF ubica 928.13 millones de pesos que habrían llegado a ese despacho por distintas rutas. Otros 964 millones se pagaron a una comercializadora, y 243 millones a una empresa de servicios. Una parte de esos montos terminó en el despacho a través de empresas intermedias. El informe señala además que esos recursos habrían permitido la compra de una propiedad de mil millones de pesos.

El auditor Aureliano Hernández explicó que en Nuevo León y Sinaloa se identificaron esquemas de simulación de operaciones y pagos a proveedores cuyo destino final estaría ligado a cuentas de personas con vínculos familiares con servidores públicos. Aseguró que la ASF tiene mapeado el movimiento del dinero.

En el caso de Sinaloa, el reporte detalla que entes estatales y municipales adjudicaron contratos de obra a una constructora de los hijos del exgobernador Rubén Rocha Moya. La auditoría detectó que la empresa concentró depósitos muy superiores a su obra pública y movió recursos entre cuentas propias.

Se trata de señalamientos de la ASF, cuya investigación corresponde ahora a la FGR.