Ignora Gobierno ley de carreteras
Gobierno omite intervenir en bloqueos carreteros a Puebla y Arco Norte; transportistas y empresarios enfrentan pérdidas millonarias
Ciudad de México. En un clima de frustración y enojo, automovilistas, transportistas y empresarios han alzado la voz ante la aparente inacción del Gobierno federal frente a los bloqueos en las principales vías de comunicación hacia Puebla y el Arco Norte, que este viernes cumplen tres días ininterrumpidos.
Los ejidatarios de Ignacio López Rayón, en Puebla, mantienen estas vialidades cerradas en demanda de una indemnización por la expropiación de sus tierras hace más de seis décadas, mientras las autoridades han permanecido en silencio.
Los afectados en las carreteras bloqueadas han expresado su indignación ante la falta de respuesta de las autoridades. La Ley de Vías Generales de Comunicación, reformada en 2021, establece penas de prisión de tres meses a siete años para quienes interrumpan el tránsito vehicular y el servicio de peaje con fines de lucro, una disposición que, según los afectados, no se está cumpliendo.
«Es inconcebible que estemos aquí varados, sin que nadie nos dé una solución. No hay ni una sola autoridad que se haya presentado para aplicar la ley», denunció un conductor de camión cargado con harinas, atrapado en uno de los puntos de bloqueo.
Por su parte, la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) ha reportado pérdidas superiores a los 10 mil millones de pesos. Además, señalaron que al menos 10 mil toneladas de productos perecederos no han podido ser entregados a tiempo, lo que ha generado un impacto considerable en la cadena de suministro de diversos sectores, como el automotriz y el de bienes de consumo. «Cada hora que pasa, las pérdidas aumentan. Estamos viendo una fractura total en la cadena de suministro», lamentó Miguel Ángel Martínez, presidente de la Canacar.
Mientras tanto, los ejidatarios de Ignacio López Rayón justifican su acción, afirmando que cuentan con una sentencia judicial que les otorga el derecho a ser indemnizados. «Ya ganamos en los tribunales, pero el Gobierno se hace de la vista gorda. El Presidente está mal informado, pero la Secretaría de Gobernación sabe perfectamente cuál es el problema», aseguró Marco Antonio Vargas, uno de los líderes ejidales.
En paralelo, la Fiscalía de Puebla ha iniciado una investigación contra dos abogados acusados de causar daño patrimonial a los ejidatarios, quienes los señalan como responsables de malversar fondos destinados a sus indemnizaciones. «Estamos revisando las acusaciones presentadas por los ejidatarios contra su dirigente, y se están tomando las medidas necesarias», informó Gilberto Higuera, Fiscal de Puebla.
El prolongado bloqueo sigue generando un caos que afecta no solo a los transportistas y empresarios, sino también a miles de personas que dependen de estas vías para su movilidad diaria. Mientras tanto, la incertidumbre sobre cuándo intervendrán las autoridades continúa creciendo, al igual que las pérdidas económicas.
Fuente: Benito Jiménez / Agencia Reforma
