Programas sociales vs. empleo sustentable: el dilema pendiente
Programas sociales vs. generación de empleo: el dilema del desarrollo sostenible en México
Una reducción de la pobreza con bases parciales
por Canek
La caída de 8.3 millones de personas en situación de pobreza entre 2022 y 2024 es, sin duda, un logro medible. Sin embargo, especialistas han señalado que este avance descansa principalmente en dos mecanismos: el aumento del salario mínimo y la ampliación de transferencias directas (pensiones universales, becas, apoyos a madres trabajadoras y a personas con discapacidad). Ambos son instrumentos de redistribución, no necesariamente de generación de riqueza.
El riesgo de una pobreza «administrada»
Cuando la mejora en el ingreso de los hogares depende en gran medida de transferencias gubernamentales, surge un riesgo estructural: la sostenibilidad fiscal del modelo. Los programas sociales requieren financiamiento constante y creciente, mientras que el crecimiento económico real —medido en productividad, inversión y creación de empleo formal— no ha avanzado al mismo ritmo.
De hecho, el propio reporte citado reconoce que 54.3% de la fuerza laboral mexicana continúa en la informalidad, una cifra que apenas bajó desde el 56.5% registrado en 2018. Esto sugiere que la reducción de la pobreza no vino acompañada de una transformación equivalente en la calidad del empleo.
Transferencias como paliativo, no como solución estructural
Un ingreso mínimo digno y los apoyos sociales cumplen una función legítima: amortiguar la precariedad inmediata. Pero cuando se convierten en el eje central de la política de bienestar, en lugar de un complemento a una estrategia de desarrollo productivo, se corre el riesgo de generar:
Un modelo más sólido combinaría las transferencias —útiles en el corto plazo— con políticas de empleo formal sustentable: educación técnica, simplificación para formalizar negocios, e incentivos a sectores con potencial de crecimiento (manufactura, tecnología, energías limpias).
La diferencia es clara: los programas sociales redistribuyen; una estrategia de empleo amplía la base productiva del país.
No todos coinciden. Otros argumentan que el salario mínimo y los programas sociales impulsan la demanda interna, beneficiando incluso a la economía informal, y que reducir la pobreza extrema a su nivel más bajo es ya una condición previa para el desarrollo, no su sustituto.
El debate, en última instancia, no es si los programas sociales son buenos o malos, sino si pueden coexistir con una estrategia paralela de fortalecimiento productivo, o si, sin ella, corren el riesgo de convertirse en un alivio permanente antes que en una vía de salida definitiva de la pobreza.
