El costo de confundir propaganda con política de Estado

Las decisiones de las grandes empresas rara vez obedecen a un solo factor. Pero tampoco ocurren en el vacío.

por Canek

El anuncio de Toyota de trasladar la producción de la Tacoma de Tijuana a Texas no puede analizarse únicamente como un movimiento corporativo. Llega justo cuando México enfrenta la revisión más importante del T-MEC desde su entrada en vigor y cuando la relación con Estados Unidos atraviesa uno de sus momentos de mayor tensión en años.

Las inversiones huyen primero de la incertidumbre y después de los países. Esa es una regla que rara vez falla.

Hace algunos años, Ildefonso Guajardo advirtió que la siguiente revisión del tratado exigiría negociadores con experiencia, capacidad técnica y margen político suficiente para defender los intereses nacionales. Sus declaraciones fueron minimizadas. Después de todo, provenían de uno de los arquitectos del modelo económico que el nuevo régimen convirtió en el villano favorito de su narrativa.

Hoy aquellas advertencias vuelven inevitablemente a la conversación.

Durante años se insistió en que México recuperaría su soberanía frente a Estados Unidos. La promesa era dejar atrás el supuesto sometimiento de los gobiernos anteriores. El resultado, sin embargo, parece dibujar un escenario distinto: un país con menor capacidad de negociación, mayor dependencia económica y obligado a responder, una tras otra, a las exigencias provenientes de Washington.

La política exterior dejó de ser un instrumento de Estado para convertirse en una extensión de la política doméstica. El problema es que los aplausos de una conferencia matutina no sirven cuando hay que sentarse frente a negociadores estadounidenses cuyo único interés es defender a sus empresas y a sus trabajadores.

La revisión del T-MEC nunca iba a depender únicamente de aranceles o reglas de origen. También pesa la percepción sobre el Estado de derecho, la seguridad pública, la certeza jurídica y la confianza institucional. Son variables que los mercados observan con la misma atención que los gobiernos.

Mientras en México se repetía que todo marchaba bien, en Washington crecían las preocupaciones por el combate al crimen organizado, la política energética, la independencia de los reguladores y el cumplimiento de los compromisos comerciales.

Los mercados no votan. Invierten. Y cuando perciben riesgos, simplemente cambian de destino.

Quizá Toyota no sea la primera ni la última empresa que ajuste sus planes de producción. Pero cada anuncio de esta naturaleza envía una señal que trasciende a la compañía. Es un recordatorio de que la confianza tarda décadas en construirse y puede erosionarse mucho más rápido.

La paradoja es evidente. El gobierno que llegó prometiendo defender la soberanía terminó colocando al país en una posición donde cada declaración proveniente de Washington puede alterar las expectativas económicas nacionales.

La propaganda puede ganar elecciones. Lo que no hace es retener inversiones, generar empleos o fortalecer la posición de México frente a su principal socio comercial.

Y cuando la realidad termina imponiéndose al discurso, ya no importa quién tenía razón. Lo que importa es quién paga la factura. Como casi siempre, esa cuenta termina llegando a los ciudadanos.